El nuevo sistema de formación profesional implantará un historial formativo para cada trabajador, apostará por un "cheque formación" para parados y potenciará los cursos por internet eliminando los impartidos a distancia, según el borrador del real decreto ley para la reforma urgente del Sistema de Formación.
El texto, al que ha tenido acceso Efe y que ha sido enviado a los agentes sociales, establece que la formación recibida por cada trabajador a lo largo de su carrera profesional quedará inscrita en una Cuenta de Formación, asociada a su número de afiliación a la Seguridad Social.
Este nuevo sistema integrado de información garantizará la trazabilidad de las acciones formativas, que desarrollará mediante tres instrumentos: la Cuenta de Formación, el Catálogo de Especialidades Formativas -revisable cada cinco años- y el Registro Estatal de Entidades de Formación.
Con la finalidad de analizar de forma permanente el impacto de la formación realizada, el Servicio Público de Empleo Estatal, en colaboración con las comunidades autónomas, realizará una evaluación anual que se someterá a informe del Consejo General del Sistema Nacional de Empleo.
Asimismo, el nuevo modelo instrumentalizará un "cheque formación" para que los trabajadores desempleados puedan elegir libremente en cuál de las entidades certificadas formarse.
En el caso de la formación programada por las empresas, el borrador establece que las compañías podrán organizar e impartir directamente la formación de sus trabajadores por sí mismas, si tienen medios.
No obstante, en el caso de que encomienden estas facultades a una entidad formativa acreditada externa, la norma establece que la misma entidad no podrá organizar e impartir la formación.
Para la financiación de esta formación bonificada, las empresas dispondrán de un "crédito de formación", en función de las cuantía de la cuota de formación profesional ingresada por cada empresa el año anterior así como del tamaño de la entidad, con un importe mínimo en función del tamaño de la plantilla.
La norma establece también el porcentaje con el que cada empresa participará con sus recursos propios en la financiación de la formación de sus trabajadores.
Según el borrador, el nuevo sistema hace hincapié en la "tolerancia cero contra el fraude en la gestión de los fondos de formación profesional para el empleo" y por ello modificará la Ley de infracciones y sanciones con el objetivo de corregir "la mala praxis".
De esta manera, prevé ampliar los sujetos responsables, incluyendo a las entidades a las que las empresas encomiendan la formación de sus trabajadores, así como a los solicitantes de ayudas y subvenciones públicas.
Se establece la responsabilidad solidaria de los sujetos que participen en la obtención fraudulenta de las ayudas, subvenciones y bonificaciones y se modifican los tipos infractores existentes, se crean tipos nuevos y se comenzará a considerar una infracción por cada empresa y acción formativa.
Asimismo, se creará una Unidad Especial dependiente de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social.
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